Legitimidad y educación

   Un sistema educativo es Considerado legítimo en función de la confianza que el propio sistema crea, bien porque es capaz de responder a las demandas y necesidades sociales que hacia él se dirigen, bien porque es capaz de resolver los conflictos que en su interior se producen, bien por ambas cosas. 

   En todo caso, la legitimidad se basa en la capacidad de infundir confianza, lo que supone que todos los actores que intervienen en el mundo de la educación prestan su adhesión a una serie de principios y valores que informan socialmente a los sistemas educativos de todos los países. 

   Para ello es preciso alcanzar un consenso básico, en mayor o menor medida, sobre las grandes cuestiones que esos principios y valores revelan.

   Entendemos por consenso el producto de tres factores: 

• una coincidencia sobre aspectos nucleares o fundamentales de la organización de la educación; 
• un talante negociador asentado en el respeto a la pluralidad, fuente y razón de la democracia moderna; y 
• un procedimiento de toma de decisiones que cuenta con la participación de los sectores interesados o afectados. 

   El consenso incluye, pues, un interés y un núcleo básico comunes, pero no excluye el disenso, que es el nervio central de la vida política democrática. Pero el disenso hace referencia siempre a cuestiones que, aun siendo importantes, sustantivas y considerables, no afectan a los aspectos básicos o capitales de la vida política determinados por el consenso.

   El consenso en educación supone que las cuestiones nucleares quedan fuera del enfrentamiento electoral, permitiendo así la continuidad de la acción de gobierno, la persistencia de los recursos y la permanencia de las estrategias de reforma educativa a medio y largo plazo. 

   Obviamente, este consenso básico sólo será posible si la educación se convierte en una cuestión nacional de alta prioridad, en un asunto de Estado. 

   En la actualidad, las circunstancias del área han obligado a muchos gobiernos a realizar reformas educativas profundas, pero 

“las transformaciones educativas deben ser políticas de Estado, ejecutadas a largo plazo, por encima de las coyunturas y con la mayor participación de todos los sectores políticos y sociales. 

   Deben implicar metas nacionales de manera que su continuidad programática y financiera esté garantizada.

   Deben procurar acuerdos y consensos que den base de sustentación a los cambios que se realicen”.

    Entendemos que un consenso nacional sobre la educación debería considerar, con mayor o menor intensidad, la realización de acuerdos básicos sobre los siguientes aspectos:

•  contenidos, 
• destinatarios, 
• organización, 
• financiamiento y 
• responsables de la educación.